Sentencia Obadal (C-418/24): qué decidió el TJUE el 14 de abril de 2026

El 14 de abril de 2026 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó sentencia en el asunto C-418/24, Obadal, a raíz de una cuestión prejudicial planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Desde entonces es la referencia europea que los tribunales españoles citan en materia de abuso de temporalidad en el empleo público.

Qué es el asunto Obadal

Obadal se enmarca en la cláusula 5 del Acuerdo marco anexo a la Directiva 1999/70/CE. Esa cláusula obliga a los Estados a establecer medidas que prevengan el abuso derivado del uso sucesivo de contratos o relaciones de duración determinada.

El Tribunal de Justicia examinó las medidas aplicadas en España frente a ese abuso en el sector público y concluyó que la conversión de la relación en indefinida no fija no constituye una medida adecuada para sancionarlo. Consideró igualmente insuficientes, por sí solas, las indemnizaciones sujetas a topes y los procesos de estabilización no reservados a las personas que sufrieron el abuso. La sentencia no establece qué medida concreta debe aplicarse: esa tarea corresponde a los órganos nacionales.

Qué no se deduce de la sentencia

De la sentencia no se sigue, sin examinar la documentación del caso:

• la fecha desde la que corre un plazo en un caso concreto
• que un escrito haya interrumpido ese plazo
• una cuantía indemnizatoria

Esas tres cuestiones dependen del nombramiento, del cese y de la prueba de que se presentó algún escrito. Un borrador que no se ha registrado no interrumpe ningún plazo.

Cómo la está aplicando el Tribunal Supremo

El Pleno de la Sala de lo Social ha aplicado Obadal en 2026. En la sentencia 475/2026, de 11 de mayo (recurso de casación para la unificación de doctrina 3543/2023), recuerda que la directiva y la jurisprudencia europea no exigen convertir en fijo a quien fue contratado sin respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad, y que en ese supuesto la respuesta al abuso es una indemnización adecuada. En la sentencia 578/2026, de 30 de junio (recurso 5544/2023), el Pleno reconoce una indemnización específica, reparadora y disuasoria, compatible con las indemnizaciones por extinción, cuya cuantía se modula en función del perjuicio acreditado.

Ninguna de las dos fija una cantidad de aplicación general. La cuantía, en su caso, depende de la prueba del expediente.

Documentación necesaria para valorar un caso

• los nombramientos o contratos, con su causa y su fecha
• el informe de vida laboral
• si hubo cese, la notificación y su fecha
• si ya se presentó alguna reclamación, el justificante de registro

Con esa documentación puede valorarse si el supuesto encaja en el marco de Obadal. Sin ella, la sentencia ofrece contexto, no una conclusión sobre el caso.

Más detalle en fijeza o indemnización según el Tribunal Supremo y en el marco de la Directiva 1999/70.